El Gobierno dominicano desmintió que pretenda eliminar
la cesantía a través del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano
de Seguros Sociales (IDSS) u otro instrumento jurídico.
El proyecto de ley no plantea en forma alguna la
eliminación o modificación del esquema actual de cesantía, como han señalado
las centrales sindicales.
La posición del Gobierno dominicano responde al
compromiso del presidente Danilo Medina con políticas que beneficien a las
clases trabajadoras.
El Gobierno continuará la agenda de diálogo con los
distintos sectores sobre varios aspectos importantes para la vida laboral y
productiva de los dominicanos y dominicanas.
La explicación fue ofrecida a los medios y ciudadanos
por el ministro de Trabajo, Winston Santos; el consultor jurídico del Poder
Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; y el viceministro de Políticas de Desarrollo
del Ministerio de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez.
A continuación, la declaración sobre la cesantía y el
proyecto de ley de disolución del IDSS leída por el consultor jurídico del
Poder Ejecutivo, en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
“Ante las declaraciones
infundadas por parte de algunos líderes del sector sindical de que el Gobierno
dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a
través del proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS), el Gobierno aclara que la ley de disolución del IDSS
tiene un único objetivo: evitar que la quiebra de la administración central y
de las distintas dependencias del IDSS continúen drenando recursos que deben
destinarse al bienestar de la población dominicana.
Buena parte de la insostenibilidad financiera del IDSS
ha estado causada por su esquema organizativo obsoleto.
Por eso, es decisión irrevocable del gobierno mantener
en el Congreso el Proyecto de Ley de Disolución del IDSS, como lo es también
garantizar los derechos de los afiliados a este y de los trabajadores que
conforman la institución.
Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea
en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía,
como han señalado las centrales sindicales.
Estas afirmaciones son completamente infundadas y cabe
resaltar que el texto sometido al Congreso no hace siquiera referencia o
mención alguna al Código de Trabajo.
A continuación, les leeré la redacción del artículo 4
del referido proyecto de ley de disolución del IDSS:
Artículo 4. Se crea el Instituto Nacional de Prevención
y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) como una entidad pública
autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio
de Trabajo, el cual tendrá a su cargo la administración y pago de las
prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales, la contratación de servicios de
salud para la atención de afiliados por enfermedades y accidentes laborales, la
promoción de la prevención y control de los riesgos laborales, así como la
administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de
desempleo o desahucio.
Como verán, no hay mención alguna al Código de
Trabajo, ni a la cesantía, ni mucho menos a la modificación o eliminación de
ésta; ni en ese artículo ni en ningún otro. Esta discusión se ha
mantenido en el dialogo tripartito y el gobierno siempre ha sostenido que será
decisión de común acuerdo entre todos los sectores.
Tampoco se menciona la creación de fondo alguno. Solo
se habilita a que, si en el futuro se crease un fondo, el Instituto Nacional de
Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) tenga capacidad legal
para administrarlo.
Además, sería jurídicamente imposible que una ley
adjetiva como la propuesta de ley de disolución del IDSS modifique una ley
orgánica como el Código de Trabajo.
Aunque, reitero, en ninguna parte del texto se plantea
hacerlo.
Como les dije al principio, el gobierno tiene el firme
compromiso de mantener la estabilidad laboral de los trabajadores del IDSS,
reubicándolos en un proceso escalonado en otras dependencias del Estado y
pensionando a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la ley
para su retiro.
De todas formas y en aras de zanjar definitivamente
cualquier malentendido, el Poder Ejecutivo enviará inmediatamente al Congreso
una modificación al texto del proyecto de ley que excluya explícitamente la
mención del fondo de protección laboral, puesto que esto no variaría
esencialmente la ley.
Además, a solicitud tanto del sector sindical como del
sector empresarial, el cambio incluiría un aumento de los representantes en el
Consejo del INARIL.
Confiamos en que, con el cambio mencionado, el
malentendido producido quede definitivamente aclarado y que el Congreso podrá
así avanzar hacia la necesaria aprobación de esta Ley que reforzará la
provisión de seguros a los trabajadores dominicanos.
El Gobierno dominicano reitera, en consecuencia, que,
primero, no tiene planes de eliminar la cesantía ni a través del proyecto de
ley de disolución del IDSS ni a través de ningún otro instrumento jurídico;
segundo, que ese aspecto debe discutirse en el marco del diálogo tripartito
sobre el Código de Trabajo; y tercero, que mantiene en las cámaras legislativas
dicho proyecto de ley con las modificaciones.
Esta posición se sustenta en el compromiso del
presidente Medina y del Gobierno dominicano con políticas que beneficien a las
clases trabajadoras y a la población más necesitada en sentido general, y
esperamos continuar nuestra agenda de diálogo con los distintos sectores sobre
varios aspectos importantes para la vida laboral y productiva de los
dominicanos y dominicanas”.
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