Darán defensoría legal a periodistas

Namfhi Rodriguez, Aurelio Henriquez y Yenny Lovera

La Fundación Prensa y Derecho puso en operación el programa de “Defensoría Legal para Periodistas”, que dará asistencia a comunicadores en litigios por delitos de difamación e injuria.El abogado y periodista Namphi Rodríguez, presidente de la entidad, explicó que el programa busca fortalecer la libertad de expresión en República Dominicana y contribuir con un clima de mayor transparencia y pluralismo en el debate público. 

En el acto, Rodríguez recibió del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, varios expedientes de informadores que están siendo objeto de procesos judiciales en distintas partes del país.

“La judicialización de los procesos de opinión pública constituye un fenómeno de presión y amedrentamiento de periodistas que busca silenciar a la prensa”, adujo Rodríguez y al mismo tiempo explicó que la iniciativa cuenta con un cuerpo de profesionales del derecho especializado en defensa de libertades públicas para garantizar el éxito procesal de los casos que entren al programa.

La Fundación Prensa y Derecho ha destinado recursos a este programa de “Defensoría Legal a Periodistas” basado en el hecho de que los informadores públicos juegan un rol preponderante en la transparencia pública y su discurso debe ser especialmente protegido frente al poder estatal y de los grupos que participan en la contienda política. 

A juicio de Rodríguez la libertad de expresión requiere de una especial vigilancia para concretar los derechos consignados de los artículos 49 de la Constitución, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Agregó que además del CDP, el programa será coordinado con entidades académicas y organismos internacionales.

Está pendiente conocer recurso ante el TC

 El pasado 26 de febrero, tres directores de medios junto a la Fundación Prensa y Derecho, interpusieron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad con el que buscan anular siete artículos de  la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, a fin anular las penas privativas de libertad en los supuestos de delitos de prensa.