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sábado, 23 de mayo de 2009

Sentencia de esperanza


Con mis ojos

El viernes 22, el periodismo dominicano obtuvo una victoria importante. No fuimos sólo Margarita Cordero, Norma Shephard y yo las favorecidas por la sentencia del juez Pedro Reynaldo Vásquez Lora. Declarar que la fuente periodística y su protección están ligadas indisolublemente al derecho fundamental a la libertad de expresión sienta un precedente mucho más importante de lo que las personas que tienen sed de castigo entiende.
La institucionalidad, el ejercicio ciudadano pleno, requiere a veces de que se trascienda al deseo personal de reivindicación y se piense en lo que una acción puede significar para la mayoría. El que un juez haya decidido amparar, como parte del derecho fundamental a la libertad de expresión y el libre acceso a la información, la protección de las fuentes periodísticas significa que nadie podrá sentirse jamás con derecho a quitarle a un periodista la grabadora, la libreta, la cámara ni mucho menos presionarle para que revele informaciones sobre sus fuentes.
Seguramente, otros violadores de la ley lo intentarán, pero hay un precedente claro de que estarían conculcando un derecho constitucional. Y eso es algo grande.
Para la gente que no está satisfecha con la sentencia, que busca y desea un castigo para Alejandro Williams, tengo dos respuestas. La primera: este caso no tiene a Alejandro Williams como protagonista. Él representa a ese poder intolerante, ya sea público o privado, que quiere impedir a toda costa que se conozca sobre su accionar. Hoy fue él, mañana puede ser cualquier otro, pero luego de esta sentencia queda claro que estaría cometiendo un acto ilegal.
La segunda respuesta va directamente a la comisión de ética del Senado de la República y al Senado mismo. Luego de tres de desplantes a la comisión, Alejandro Williams aún no responde por sus confesas acciones: él mismo dijo que contrató "investigadores" para perseguir periodistas. Pero eso la sentencia lo deja claro. El reto queda en manos del Senado; al Senado le toca responder ante el pueblo y decirle si entiende que la violación de un derecho fundamental por parte de uno de sus miembros debe quedar sin sanción. Estoy segura que ellos saben lo que tienen que hacer. Este país necesita que lo hagan. Maria I. Soldevila

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